By La investigación realizada en la Cámara de Diputados concluyó que la llegada de gasolina fuera de especificación a los surtidores no fue resultado de una sola falla, sino de una cadena de decisiones políticas, omisiones administrativas y controles técnicos deficientes.
El documento establece posibles responsabilidades de YPFB, exministros de Hidrocarburos, antiguos directores de la ANH y otras autoridades que intervinieron en la importación, almacenamiento y distribución del combustible.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la reducción o flexibilización de los controles aplicados antes de autorizar que determinados lotes fueran comercializados.
La investigación deberá determinar si las autoridades conocían que el combustible no reunía las condiciones adecuadas y, pese a ello, permitieron que llegara a los usuarios.
Miles de propietarios denunciaron pérdida de potencia, dificultades para encender sus vehículos y daños en motores y sistemas de alimentación.
Los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía y a otras instituciones para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales.
La mirada de AS Contenidos
El país necesita conocer toda la ruta del combustible: quién lo compró, quién lo recibió, quién certificó su calidad y quién autorizó su distribución. Sin esas respuestas, el caso quedará incompleto.
