By La primera norma del paquete de reformas apunta a limitar la discrecionalidad política sobre nacionalizaciones y a exigir aval de la Asamblea para cualquier confiscación.
El presidente Rodrigo Paz remitió oficialmente este martes 11 de agosto a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley de Inversiones, cumpliendo la fecha que había anunciado en su mensaje del 6 de agosto. “Hemos presentado la Ley ante la Asamblea. Estamos planteando una ley para dar condiciones a las inversiones en los próximos 20 años en el país”, afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en rueda de prensa. La propuesta se sustenta en tres ejes: protección del patrimonio del inversionista, autorización previa de la Asamblea para nacionalizaciones o confiscaciones, y resolución de disputas en el ámbito internacional. Espinoza aclaró que en materia de incentivos la norma no busca privilegios sectoriales sino previsibilidad, y recordó que en los últimos 20 años Bolivia enfrentó procesos de nacionalización cuyos costos recién se evidencian hoy en arbitrajes y litigios. Paz remarcó que los recursos naturales mantienen protección absoluta bajo la Constitución.
La mirada de AS Contenidos: El punto más fuerte de esta ley no es lo que promete a los inversionistas, sino lo que le quita al propio Gobierno: la capacidad de nacionalizar por decreto. Que cualquier confiscación deba pasar por la Asamblea es un cambio de reglas profundo para un país que hizo de las nacionalizaciones una política de Estado durante dos décadas. Y ahí está la trampa: esa misma Asamblea fragmentada es la que ahora tiene que aprobarla, sin que el oficialismo tenga mayoría propia.
