By Un mes después de que el Gobierno decretara el estado de excepción para enfrentar el desabastecimiento de combustible, las filas en los surtidores siguen siendo parte del paisaje cotidiano en Bolivia, y el sector transporte ya prepara una medida de fuerza mayor.
El estado de excepción declarado por el presidente Rodrigo Paz el 20 de junio cumplió un mes de vigencia este lunes, pero lejos de resolver el problema, el diésel sigue escaseando en varias regiones del país. El transporte pesado y urbano convocó a un ampliado nacional para el 29 de julio en Cochabamba, donde evaluará declararse en “quiebra nacional”. En Santa Cruz, el dirigente del transporte urbano Mario Guerrero fue tajante: “Seguimos perjudicados, seguimos prestando el servicio solamente con un 50 por ciento por culpa del Gobierno, que hasta la fecha no le da solución al problema del combustible”. El presidente cívico cruceño, Stello Cochamanidis, coincidió en el reclamo: las carreteras están libres de bloqueos, pero la crisis para los productores continúa. En el mercado informal, el litro de diésel llegó a venderse hasta en Bs 18. YPFB había prometido normalizar el suministro “a fines de julio”, aunque ni su presidente, Sebastián Daroca, ni el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, se animaron a poner una fecha concreta.
La mirada de AS Contenidos: Un mes de estado de excepción y la pregunta sigue siendo la misma: ¿excepción para qué? El decreto sirvió para destrabar bloqueos, pero no tocó el fondo del problema, que es la falta estructural de dólares para importar combustible. Cuando el propio transporte —el sector que más golpes recibe— habla de “quiebra nacional”, el Gobierno debería dejar de manejar promesas de fecha (“fin de mes”, “próximas semanas”) y empezar a mostrar resultados medibles. La paciencia de la calle, como la de los surtidores, tiene un límite.
