By El expresidente es investigado por seis delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, tras la denuncia del Comité pro Santa Cruz.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles 29 de julio una orden de aprehensión contra Juan Evo Morales Ayma, dispuesta por el fiscal Brayan Melgar, en el marco de la investigación por los bloqueos que paralizaron el país entre mayo y junio. Morales es investigado por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, delitos sancionados en los artículos 121, 130, 132, 133, 213 y 214 del Código Penal. El mandamiento ordena a la Policía aprehenderlo y conducirlo a la Unidad Policial Especializada de Lucha Contra la Corrupción. La investigación nació de una denuncia presentada el 1 de julio por el Comité pro Santa Cruz, representado por su presidente Stello Cochamanidis, a la que luego se adhirió el Ministerio de Gobierno con el ministro Marco Antonio Oviedo. Hasta ahora, el único aprehendido en este proceso es el dirigente Vicente Salazar, con detención preventiva en Chonchocoro.
La mirada de AS Contenidos: Esta orden nace de una denuncia cruceña, y eso no es un detalle menor: fue Santa Cruz una de las regiones que más pagó el costo económico de los 53 días de bloqueo. Pero la pregunta que sigue sin respuesta es la misma de hace dos días, cuando el propio vocero presidencial admitió que capturar a Morales podría “costar vidas”: ¿de qué sirve acumular órdenes de aprehensión si ninguna se ejecuta? Un mandamiento que no se cumple no fortalece a la justicia, la desgasta.
