By El proyecto nace de una condena internacional contra Bolivia y plantea cuatro cambios de fondo en el Código Penal para proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia sexual.
La “Ley Brisa” es formalmente el Proyecto de Ley CS-010/2023-2024, y lleva ese nombre por Brisa de Angulo Losada, una sobreviviente cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De Angulo tenía 16 años cuando su primo de 26, que vivía en su casa en Cochabamba, la agredió sexualmente de forma sistemática durante ocho meses. El sistema judicial boliviano calificó el caso como estupro —un delito menor— y su agresor sigue libre más de dos décadas después. En 2023, la Corte IDH falló contra el Estado boliviano por no investigar con debida diligencia, revictimizar a la denunciante y no brindar protección reforzada por su edad, y ordenó cambios estructurales de cumplimiento obligatorio.
Los cuatro puntos centrales del proyecto:
Amplía la protección hasta los 18 años (hoy la protección reforzada llega a los 14) y declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, apoyándose en evidencia sobre el impacto del trauma: las víctimas tardan en promedio entre 15 y 30 años en poder denunciar.
Elimina el delito de estupro. Hoy castiga con 3 a 6 años, y con procedimiento abreviado puede bajar aún más. La propuesta es que esos casos se juzguen directamente como violación de niña, niño o adolescente, con penas de 10 a 20 años (20 a 25 si hay violencia física).
Crea la figura de violación incestuosa como agravante cuando el agresor es un familiar, con penas de hasta 25 años. Ese tipo penal hoy no existe en Bolivia, pese a que —según la diputada Andrea Ballivián— entre el 70% y el 80% de las violaciones ocurren dentro del entorno familiar.
Redefine la violación en función del consentimiento, que debe ser voluntario, libre, informado y revocable en cualquier momento, y que no puede inferirse del silencio ni de la falta de resistencia.
Dónde está hoy el proyecto: fue aprobado en la Cámara de Senadores y remitido a la Cámara de Diputados, donde está radicado en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Marcelo Solís (Libre), que anunció mesas técnicas de socialización. Lo impulsan más de 40 organizaciones de la sociedad civil. La plataforma Unidad Ciudadana, que agrupa a 16 instituciones vinculadas a iglesias y colectivos “en defensa de la vida y la familia”, se opone alegando vicios técnicos y constitucionales, y el exdirector general de Derechos Humanos Miguel Ángel Estrada advirtió sobre riesgos para la presunción de inocencia y el debido proceso.
La mirada de AS Contenidos: Este es un debate donde conviene separar el ruido del contenido. La Ley Brisa no “criminaliza el amor adolescente” ni elimina la presunción de inocencia: lo que hace es cerrar un vacío legal por el que un agresor de un adolescente de 15 o 16 años puede terminar con tres años de condena, mientras el mismo hecho contra alguien de 13 se castiga con veinte. Bolivia registró 10.816 denuncias de violencia sexual en 2025 —unas 30 por día— y se estima que solo el 17% de las víctimas denuncia. Con esas cifras, el país no puede permitirse otro año de mesas técnicas.
