By El Decreto Supremo 5676 busca cortar el desvío del combustible subvencionado hacia el contrabando, que lo revendía hasta en Bs 20 por litro.
El Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5676, emitido el 16 de agosto y vigente desde el lunes 17, que establece un Precio Referencial Inicial de Bs 18 por litro de diésel para determinados segmentos de alto consumo, mientras mantiene sin cambios el precio regulado de Bs 9,80 para transportistas, familias, particulares y pequeños negocios. Según el Ejecutivo, en las últimas semanas se detectó que grupos dedicados al contrabando y la especulación compraban el carburante a Bs 9,80 en estaciones de servicio para revenderlo en países vecinos o en el mercado interno a valores que superan los Bs 15 y llegan hasta Bs 20 por litro. El ministro Fernando Aramayo apuntó además a factores externos —la guerra en Irán y los conflictos en el estrecho de Ormuz— que elevaron los precios internacionales, y sostuvo que “comprar caro y vender barato” potencia el contrabando y drena recursos destinados a obras públicas. La norma faculta a YPFB a comercializar el combustible bajo esta modalidad, con un precio que se calculará cada día.
La mirada de AS Contenidos: La lógica del decreto es difícil de rebatir: si el Estado importa el diésel a precio internacional y lo vende a menos de la mitad, el contrabandista siempre va a ganar más que el productor. Cortarle el margen es sensato. El punto débil está en el diseño: el Gobierno asume que puede distinguir con precisión entre un gran consumidor legal y uno ilegal, y que el precio diferenciado no se va a trasladar a la cadena. Ninguna de las dos cosas está garantizada, y Santa Cruz es justamente el departamento donde más se va a notar si el cálculo falla.
