By El Gobierno de Estados Unidos anunció la revocación de visas y restricciones de ingreso contra autoridades, exautoridades y ciudadanos bolivianos, como parte de una serie de medidas aplicadas también a personas de Colombia, Ecuador y Perú.
Según el Departamento de Estado estadounidense, las sanciones alcanzan a 12 ciudadanos bolivianos que contaban con visas, además de sus familiares. Otros nueve ciudadanos que actualmente no poseen visa quedaron, en términos generales, imposibilitados de obtener una autorización de ingreso a Estados Unidos.
Entre los nombres difundidos aparecen el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores; el exministro de Justicia Iván Lima Magne; el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero Méndez; el exejecutivo interino de la Aduana Alberto Samuel Soto de la Vía; fiscales, jueces, un coronel de la Policía y un empresario privado.
La lista incluye además a Martín Daniel Irusta Flores, Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua, Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, Iván Ramiro Campero Villalba, Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Frans William Cabrera Quispe y José Luis Iriarte Cussi.
Washington sostiene que las restricciones responden a personas que, según su evaluación, participaron en actos relacionados con corrupción, debilitamiento del Estado de derecho o actividades vinculadas al narcotráfico. La medida fue aplicada bajo disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense.
El fiscal general Roger Mariaca recibió una designación pública separada por parte del Departamento de Estado, que además determinó restricciones de ingreso para él y sus familiares directos.
Es importante señalar que estas sanciones constituyen decisiones administrativas migratorias del Gobierno estadounidense y no equivalen, por sí mismas, a una condena judicial en Bolivia o Estados Unidos.
La mirada de AS Contenidos: La decisión de Washington tiene un fuerte impacto político e institucional porque alcanza a operadores actuales y anteriores del sistema de justicia boliviano. Las acusaciones deberán ahora contrastarse con investigaciones y pruebas dentro de los canales legales correspondientes.
