By El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, lanzó una grave acusación contra el fiscal general del Estado boliviano, Roger Mariaca, a quien señaló de presuntamente haber solicitado y aceptado sobornos relacionados con actividades de narcotráfico.
La acusación fue comunicada oficialmente por el Departamento de Estado, que realizó una designación pública contra Mariaca por presunta “corrupción significativa” y determinó que tanto él como sus familiares directos queden impedidos, en términos generales, de ingresar a Estados Unidos.
Según Washington, Mariaca habría utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos con el objetivo de facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a personas involucradas en delitos violentos a evitar la acción de la justicia. Estas afirmaciones corresponden a la posición oficial del Gobierno estadounidense y no constituyen por sí mismas una sentencia judicial.
El Departamento de Estado sostuvo además que las acciones atribuidas al fiscal general afectarían los esfuerzos de la administración Trump contra lo que denomina “narcoterrorismo” y debilitarían instituciones que Bolivia busca fortalecer mediante su participación en la iniciativa regional Escudo de las Américas.
La medida contra Mariaca se conoce en paralelo a la revocación o restricción de visas aplicada a otros fiscales, jueces y exautoridades bolivianas dentro de una ofensiva regional de Washington contra personas que señala por corrupción y vínculos con actividades criminales.
Hasta el momento, las acusaciones difundidas por Estados Unidos deben entenderse como señalamientos oficiales del Gobierno estadounidense. Para establecer eventuales responsabilidades penales se requerirían investigaciones y determinaciones de las autoridades judiciales competentes.
La mirada de AS Contenidos: La acusación es particularmente grave porque recae sobre la máxima autoridad del Ministerio Público boliviano. Más allá de la disputa política que pueda generar, por la naturaleza de los señalamientos será fundamental conocer qué pruebas sustentan la decisión estadounidense y si derivarán en investigaciones formales dentro de Bolivia.
