El presidente Rodrigo Paz promulgó una ley que devuelve al nivel central del Estado la responsabilidad de financiar los prediarios penitenciarios y el bono de vacunación, liberando de esa obligación a las gobernaciones.
La medida forma parte del proceso de reorganización de competencias y recursos que impulsa el Gobierno dentro de la agenda de autonomías.
Según el Ejecutivo, la modificación permitirá que los gobiernos departamentales destinen recursos a otras áreas bajo su responsabilidad.
La norma aparece además en medio de las negociaciones entre el Gobierno, alcaldías y gobernaciones sobre una nueva distribución de competencias y financiamiento.
La mirada de AS Contenidos: La descentralización no depende solamente de transferir recursos, sino también de definir claramente quién paga y quién responde por cada servicio público. Esta ley comienza a modificar esa distribución.

