El Gobierno trabaja en un proyecto de ley que permita ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana frente a amenazas que el Ejecutivo califica como “narcoterroristas”.
La propuesta busca definir un marco legal específico para operaciones coordinadas ante organizaciones criminales consideradas de alto riesgo.
El presidente Rodrigo Paz ha sostenido en diferentes oportunidades que el crimen organizado representa una amenaza para las instituciones del Estado.
La eventual participación militar deberá ser delimitada por ley y respetar las competencias constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía.
La mirada de AS Contenidos: Enfrentar organizaciones criminales puede requerir mayor capacidad operativa, pero cualquier ampliación del rol militar debe contar con límites claros, controles institucionales y respeto a los derechos fundamentales.

