By El Gobierno nacional anunció una nueva línea de investigación relacionada con la elección de Roger Mariaca como fiscal general del Estado en 2024.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó el domingo 25 de octubre que se buscará establecer si existieron pagos irregulares a antiguos integrantes de la Asamblea Legislativa para favorecer la designación de autoridades del Ministerio Público.
La decisión surge después de declaraciones de exparlamentarios que denunciaron presuntos movimientos de importantes cantidades de dinero durante el proceso de selección.
Según García, se realizarán gestiones para identificar los periodos investigados, las personas involucradas y los montos que presuntamente habrían sido entregados.
La investigación contempla revisar operaciones financieras que permitan determinar si existieron depósitos o transferencias relacionadas con la elección de Mariaca.
El viceministro sostuvo que, si se identifican responsabilidades, los antecedentes serán remitidos a las instancias correspondientes.
La nueva investigación amplía el alcance del caso, que hasta ahora había concentrado buena parte de la atención pública en presuntas relaciones con el narcotráfico, movimientos patrimoniales y actuaciones de funcionarios del Ministerio Público.
Todavía no se han identificado públicamente pagos irregulares comprobados ni existe una resolución judicial que establezca que la elección de Mariaca fue comprada.
Las autoridades deberán determinar si las denuncias tienen respaldo documental suficiente para iniciar procesos penales. unitel.bo
La mirada de AS CONTENIDOS
La elección del fiscal general es una de las decisiones institucionales más importantes del país porque determina quién dirige la persecución penal.
Si existieron pagos para influir en esa designación, el problema sería mucho más profundo que una conducta individual: pondría en cuestión la independencia del sistema de justicia desde su origen.
Pero las sospechas deben convertirse en pruebas. La investigación debe identificar operaciones concretas, posibles beneficiarios y responsabilidades, sin utilizar las denuncias como instrumento de confrontación política.
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