GOBIERNO DENUNCIA PRESUNTO PLAN DE VIOLENCIA PARA NOVIEMBRE TRAS HALLAR EXPLOSIVOS EN COCHABAMBA; EVISTAS RECHAZAN LAS ACUSACIONES

El Gobierno nacional denunció la existencia de un presunto plan de desestabilización relacionado con las movilizaciones anunciadas para noviembre, después de un operativo policial realizado en Quillacollo, Cochabamba.

La intervención terminó con la aprehensión del exdirigente cooperativista minero Alain Wilbur Torrico Quiroga y su hermano.

Según el informe policial, durante los allanamientos se encontraron cartuchos de dinamita, ANFO, mechas de seguridad, armas de fuego y restos óseos humanos que corresponderían a una mujer.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que las investigaciones identificaron comunicaciones telefónicas entre Torrico y el expresidente Evo Morales.

La autoridad sostuvo que esas comunicaciones estarían relacionadas con la organización de posibles acciones violentas durante futuras movilizaciones.

El Gobierno presentó un diagrama de presuntos contactos entre el investigado y diferentes dirigentes políticos y sociales.

Sin embargo, esta mañana dirigentes del sector evista rechazaron las acusaciones y negaron que Torrico represente actualmente a sus organizaciones.

Feliciano Vegamonte reconoció que el investigado mantuvo vínculos anteriores con su sector, pero aseguró que posteriormente se alejó de sus estructuras.

Vicente Choque sostuvo que Torrico debe responder individualmente por los hechos que se le atribuyen y acusó al Gobierno de utilizar el caso para perseguir políticamente al evismo.

La investigación continúa abierta. La existencia de contactos telefónicos no demuestra por sí sola que las personas mencionadas hayan participado en un plan criminal.

La mirada de AS CONTENIDOS

La incautación de explosivos exige una investigación seria por el riesgo que estos materiales representan para la seguridad pública. Al mismo tiempo, las acusaciones que vinculan a dirigentes políticos con supuestos planes de violencia necesitan pruebas sólidas. El Estado debe prevenir actos delictivos sin criminalizar el derecho a la protesta pacífica. La prioridad debe ser establecer quién poseía los materiales, cuál era su destino y si existió una coordinación ilegal comprobable.

Consigna: ¿Creés que las movilizaciones sociales deberían tener mayores controles para impedir el uso de explosivos y armas?

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