By El activista del Movimiento al Socialismo (MAS) Edgar Salazar ya no podrá hostigar, amenazar o ejercer cualquier tipo de violencia en contra de Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), luego de que ayer el Juzgado de Sentencia Penal, al mando del juez Javier Peñaranda, concedió la acción de libertad en favor de la titular de la Casa de los Derechos Humanos.
En caso de continuar las agresiones contra Carvajal, el juez pasará el caso al Ministerio Público para la investigación respectiva. También determinó la libre locomoción de Carvajal por la Apdhb y la visita de su médico de confianza.
Al haber establecido que son ciertos los argumentos expuestos por la accionante “violencia psicológica y amenazas vertidas por el accionado” se determina que “Édgar Salazar Limachi se inhiba de realizar estos actos de amedrentamiento evocados por el accionante, se prohíbe continuar con este tipo de actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra de la indicada ciudadana (Carvajal)”, refirió el juez Peñaranda en su resolución.
Pese a la resolución, el magistrado indicó que no está entre sus competencias definir el ingreso al inmueble de la av. 6 de Agosto, que fue tomada hace más de 40 días por la organización paralela, liderada por Salazar. Peñaranda dijo que existen otros mecanismos legales para ver el tema del avasallamiento, que aduce Carvajal.
La presidenta de la Apdh mantiene una vigilia en la terraza del inmueble, donde ingresó subiendo por una escalera desde el exterior. Pasó la noche del martes en el lugar y ayer continuaba la vigilia.
La resolución del juez también conmina a Salazar Limachi a abstenerse de acciones que pongan en riesgo la integridad física o psicológica de la presidenta de la Apdhb “bajo advertencia de seguir dichas situaciones remitir antecedentes a la autoridad competente, es decir al Ministerio Público por delitos que cometa a partir de la fecha”.
Denuncia
Los abogados Carlos Alberto Goitia Caballero y Eusebio Vera sostuvieron que Carvajal es víctima de la violación de sus derechos fundamentales, tortura, atentado contra su vida, pese a su delicado estado de salud, por grupos afines al Gobierno, además de la Policía que permitió el avasallamiento a la Casa de los Derechos Humanos y brindó protección a los violentos y no los desaloja.
“Es un atentado, es una vulneración a los derechos humanos por parte del estado boliviano, cuando existe la intervención de la Policía boliviana o algún servidor público ya constituye una franca violación a los derechos humanos”, afirmó Vera.
Goitia sostuvo que los afines al MAS y el propio Gobierno, con estas acciones, quieren acallar la voz de la Apdhb, porque “el gobernante procura evitar que esa institución haga conocer lo que está pasando en Bolivia”.
Fuente: Diario Los Tiempos
