Asambleístas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) advirtieron que el gobierno de Luis Arce ejecuta un “plan estratégico” para desinstitucionalizar y “neutralizar” a las principales instituciones del Estado, una de ellas la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El diputado Marcelo Pedrazas (CC), acusó al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, de complicidad en el “cercenamiento” que hizo el órgano Ejecutivo, a través de la justicia constitucional, a la Asamblea Legislativa al suspender su facultad de fiscalizar.
Argumentó que la estrategia fue involucrar a un grupo de siete ministros que se sumaron a la acción de amparo que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, alegando que en una comisión se vulneraron sus derechos en una petición de informe oral. Pedrazas, manifestó que los vocales de la Sala Constitucional en La Paz incurrieron en diferentes irregularidades, como la notificación, que no se hizo a los miembros de la comisión que supuestamente vulneraron los derechos del ministro Montenegro.
Los vocales eluden convocar a los diputados como terceros interesados, porque nos están vulnerando las facultades que están claramente establecidas en la carta magna, explica, al calificar de “vergonzosa” la actuación de quienes tienen que velar la primacía de la CPE y no lo están haciendo por móviles políticos. Además, cuestionó que el vicepresidente del Estado haya enviado a una joven abogada con no más de 7 años de experiencia en defensa de las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que su jefe de la Unidad Jurídica, que es el exmagistrado del TCP Rudy Flores, que avaló la reelección indefinida de Evo Morales, tampoco asistió a la audiencia.