By Abogados constitucionalistas aseguraron que es viable que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) trate la acción de inconstitucionalidad que frena las elecciones judiciales con carácter de urgencia; en tanto, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pusieron en duda su realización.
El TSE hizo conocer finalmente una posición sobre las elecciones judiciales que deberían realizarse este año.
El presidente del órgano, Oscar Hassenteufel, dijo que no se sabe si habrá elecciones y que no se conoce hasta ahora si habrá tiempo para su realización.
“No sabes realmente, y hay que decirlo, si vamos a llegar a tiempo, si vamos a poder hacer las elecciones, si va a haber elecciones. No lo podemos asegurar, pero nuestra obligación es preparar todo, partiendo del supuesto de que sí va a haber elecciones”, informó.
En tanto, el jurista Ramiro Orías explicó que el TCP, en su Ley de Procedimientos Constitucionales, está sometido a un principio procesal “de celeridad” que obliga al TCP a resolver procesos evitando dilaciones. “Por lo tanto, en base al principio de celeridad y al ver la necesidad de resolver este tema, el propio TCP puede concentrar su energía y dar todo el impulso de oficio para emitir su fallo en un plazo que responsa a la urgencia y al interés público”, sostuvo.
Orías cuestiona que, habiendo determinado una medida cautelar que paralizó la selección de candidatos para las elecciones con el fin de que no se vulnere los derechos del demandante, el TCP incurra en la vulneración de los derechos de los ciudadanos con la demora.
Sobre el tema, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) y abogado constitucionalista Carlos Alarcon señaló que en varios sistemas constitucionales del mundo hay “casos de gravedad constitucional”; son casos que merecen una respuesta urgente porque afectan los cimientos de la democracia y si no se lo hace puede generar crisis en los países.
“Les dan prioridad absoluta y no se toman todo el tiempo para resolver”, sostuvo.
Análisis
Las autoridades electorales del país analizaron las diferentes opciones que podrían existir para la realización de las elecciones judiciales.
Hace días, Hassenteufel dijo que la fecha para los comicios debe ser el 3 de diciembre, porque los magistrados elegidos deben ser posesionados el 3 de enero de 2024, cuando acaba el mandato de las actuales autoridades.
Tiene 45 días
La Ley 254 de procedimiento constitucional dispone un plazo de 45 días para que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita un fallo.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) quiere mínimamente un plazo de 120 días para ejecutar todo el proceso electoral, aunque la ley corta que promulgó el Gobierno le otorga hasta 100 días.
El TSE desarrolla un Taller Nacional de Situación de la Planificación, Organización y Realización de la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Fuente: Los Tiempos
