
Óscar Antonio de la Fuente Amelunge, quien fue identificado como “testigo clave” en los procesos judiciales del Golpe de Estado I y II, relacionados con la crisis política de noviembre de 2019, denunció que su declaración fue manipulada por el Ministerio Público. Según De la Fuente, su testimonio fue tergiversado por el fiscal Omar Mejillones, quien lo usó para incriminar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la expresidenta Jeanine Áñez y al exlíder cívico Marco Antonio Pumari, quienes están en detención preventiva desde 2022. De la Fuente aclaró que no acusó a estas personas y que su declaración había sido mal utilizada con fines políticos, rechazando asistir al juicio por considerar que el proceso estaba manipulado.
El testimonio de De la Fuente surgió después de que un juez concediera una acción de libertad al gobernador Camacho, quien debería asistir al juicio por el caso “Decretazo” en Santa Cruz. Sin embargo, la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario no ha aprobado aún el traslado de Camacho desde la prisión de Chonchocoro, mientras se solicitan informes de inteligencia. Además, el abogado de Camacho denunció presiones a los internos del penal de Palmasola para que se pronuncien en contra del gobernador, lo que consideró una maniobra política del Gobierno. La decisión judicial establece que Camacho debe permanecer en Palmasola durante el juicio, cuyo inicio ha sido postergado múltiples veces por decisiones gubernamentales.
El Ministerio Público considera a De la Fuente prófugo por su implicación en el caso “Consorcio”, en el que también están involucrados el exministro César Siles y exautoridades judiciales. Están acusados de formar una red para destituir a la magistrada Fanny Coaquira y habilitar a su suplente, Iván Campero, afectando la independencia del Órgano Judicial. Sin embargo, De la Fuente niega ser prófugo, asegurando estar en el domicilio de un militar en Coroico, Yungas. Además, descalifica a los fiscales y al juez del caso, afirmando que los hechos ocurrieron en Coroico, donde también se dio la aprehensión del juez Marcelo Lea Plaza, quien ordenó la suspensión de Coaquira.

