La imputación de 24 páginas sostiene que el asesor presidencial presionó a la abogada para que acudiera a la cita, controló el ataque por teléfono y luego intentó salir del país.
Los fiscales Herlan Rodríguez Cuevas y Yolanda Aguilera Lijerón presentaron ante el Juzgado 20 de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de Santa Cruz la imputación formal contra Fernando Cerimedo por feminicidio en grado de tentativa. El documento sostiene que existen suficientes elementos de convicción para considerarlo, de manera provisional, autor intelectual y mediato del hecho. El Ministerio Público pidió su detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro “sin plazo, por tratarse de un delito que no da lugar a otra medida cautelar diferente a la detención preventiva” y, como alternativa, el máximo legal de 180 días. Argumentó riesgo de fuga y de obstaculización, al considerar que el ciudadano argentino no tiene domicilio, residencia, familia, negocios ni trabajo acreditados en el país. Cerimedo fue trasladado al Palacio de Justicia de Santa Cruz para la audiencia cautelar; ante los medios que lo esperaban, solo dijo: “Quiero ver a mis hijos”. La Justicia dispuso además el peritaje del teléfono celular y la computadora secuestrados al momento de su aprehensión.
La mirada de AS Contenidos: Que la Fiscalía pida reclusión “sin plazo” en Chonchocoro para el asesor de un presidente en ejercicio marca el punto más alto de tensión institucional del año. Y corresponde subrayar lo que la propia imputación es: una acusación provisional, no una condena. Lo que va a definir la credibilidad de este proceso no es la dureza del pedido fiscal, sino la solidez de las pruebas cuando se sometan a contradicción. Bolivia ha visto demasiados casos ruidosos que se derrumbaron en la primera apelación.

