By El vicepresidente, que denunció penalmente al consultor y difundió audios que lo vinculan con el entorno presidencial, objetó el operativo desplegado por las autoridades.
El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, cuestionó los protocolos de seguridad que las autoridades aplicaron para el traslado de Fernando Cerimedo desde Palmasola hasta Chonchocoro.
Lara ha sido uno de los principales impulsores públicos del caso: el 1 de septiembre presentó una denuncia penal contra Cerimedo y la primera dama María Elena Urquidi por seis presuntos delitos, y en los días previos difundió dos audios —uno atribuido a una conversación entre Cerimedo y la primera dama, y otro entre el consultor y el presidente Rodrigo Paz—, material cuya autenticidad debe ser determinada por el Ministerio Público.
La mirada de AS Contenidos: Que el vicepresidente del Estado critique públicamente el operativo de la Policía en un traslado ordenado por la Justicia es, otra vez, la imagen de un Ejecutivo hablándose a sí mismo por los medios. Lara viene siendo el motor político de este caso y sus cuestionamientos han empujado la agenda, eso es innegable. Pero también conviene decirlo: la seguridad de un traslado penitenciario es una decisión operativa, no política, y si tiene una objeción concreta corresponde canalizarla ante el Ministerio de Gobierno, no ante las cámaras.
