La Asamblea Legislativa fue convocada para el lunes 5 de octubre con el objetivo de considerar la creación de una comisión especial que investigue el caso de las autoridades, exautoridades y operadores judiciales bolivianos sancionados por Estados Unidos.
La medida surge después de que Washington revocara o restringiera visas a ciudadanos bolivianos y señalara públicamente al fiscal general Roger Mariaca por presunta “corrupción significativa”.
La comisión tendría la tarea de recopilar información y analizar los antecedentes vinculados a las medidas adoptadas por el Gobierno estadounidense.
El caso generó posiciones divididas entre autoridades bolivianas: algunos sectores piden investigaciones internas y otros cuestionan la decisión de Estados Unidos.
La mirada de AS Contenidos: Más allá de las posiciones políticas, la prioridad debería ser determinar si existen elementos concretos que justifiquen investigaciones dentro de Bolivia y garantizar que cualquier proceso respete el debido proceso.

