El informe de una comisión legislativa recomendó que la Fiscalía y la Contraloría investiguen a exministros y antiguos presidentes de YPFB por la distribución de gasolina que presuntamente no cumplía los estándares de calidad.
El diputado Carlos Alarcón señaló que los antecedentes podrían involucrar al menos seis tipos penales, entre ellos conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La investigación deberá determinar quién autorizó la importación o comercialización del combustible y qué controles fueron omitidos antes de su distribución.
También se analizará si las autoridades responsables recibieron informes técnicos que advertían sobre posibles problemas y, pese a ello, permitieron que la gasolina llegara a los usuarios.
El caso provocó reclamos de transportistas, mototaxistas y propietarios de vehículos que denunciaron daños en motores y sistemas de alimentación.
La comisión pidió que las instituciones competentes amplíen la investigación para identificar a todos los funcionarios y ejecutivos que participaron en las decisiones.
La mirada de AS Contenidos
Las responsabilidades no pueden limitarse a funcionarios de menor rango. Si existieron advertencias y aun así se permitió distribuir combustible deficiente, deben responder quienes aprobaron y dirigieron el proceso.

