By La Fiscalía General del Estado confirmó la desvinculación de 60 funcionarios que trabajaron durante la gestión del exfiscal general Roger Mariaca, como parte del proceso de reorganización institucional iniciado después de las investigaciones contra anteriores autoridades.
La medida alcanza a funcionarios de diferentes departamentos del país y fue ejecutada mediante memorandos fechados el 20 de octubre.
Entre los desvinculados figuran Félix Gerardo Balderas Arteaga, exfiscal departamental de Beni, y Julio César Porras Velarde, quien ejercía funciones como fiscal coordinador de Sustancias Controladas en Santa Cruz.
Ambos también aparecen en la nueva lista de ciudadanos bolivianos sujetos a restricciones de visado por parte de Estados Unidos.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, explicó que el Ministerio Público está recopilando antecedentes para determinar si corresponde iniciar investigaciones penales contra algunos de los funcionarios apartados.
Sin embargo, aclaró que aparecer en una lista de restricciones migratorias no constituye prueba suficiente para iniciar automáticamente un proceso penal.
En Santa Cruz, el fiscal departamental Jimmy López informó que aproximadamente una docena de funcionarios estarían comprendidos en las desvinculaciones, aunque la nómina completa todavía debía ser precisada.
López sostuvo que los cambios responden a antecedentes y denuncias que ya existían, y no exclusivamente a la reciente decisión estadounidense.
La reorganización ocurre mientras continúan las investigaciones relacionadas con el exfiscal general Mariaca, actualmente detenido preventivamente en el penal de Cantumarca.
El Ministerio Público deberá determinar si las desvinculaciones derivan en investigaciones penales o si corresponden únicamente a decisiones administrativas.
La mirada de AS CONTENIDOS
Apartar a 60 funcionarios representa una decisión administrativa importante, pero no garantiza por sí sola una transformación del Ministerio Público.
La institución necesita explicar qué criterios se utilizaron para las desvinculaciones, cuáles fueron los antecedentes considerados y cómo se garantizará la continuidad de las investigaciones.
La renovación institucional debe respetar los derechos de los funcionarios y, al mismo tiempo, establecer mecanismos eficaces para detectar posibles irregularidades.
Cambiar personas no es lo mismo que cambiar una institución. La verdadera reforma deberá reflejarse en independencia, transparencia y resultados judiciales.
Consigna: ¿Creés que la salida de 60 funcionarios será suficiente para recuperar la confianza en la Fiscalía boliviana?
