By El informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el caso de la denominada “gasolina basura” señala que decisiones adoptadas durante las gestiones de Luis Arce y Rodrigo Paz formaron parte de la cadena que permitió el ingreso y posterior comercialización de combustible fuera de especificación en Bolivia.
El documento legislativo concluye que la distribución de gasolina desestabilizada no fue producto de un hecho aislado, sino de una combinación de decisiones normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas en los controles de calidad.
Uno de los elementos identificados por la investigación está relacionado con los contratos para la adquisición de gasolina base a la empresa Vitol. Según información brindada por la expresidenta de YPFB Claudia Cronenbold al diputado Carlos Alarcón, los contratos originales fueron suscritos durante el Gobierno de Luis Arce, mientras que durante la administración de Rodrigo Paz se firmaron adendas a esos contratos.
La investigación también estableció que cinco tanques que habían sido observados y precintados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos debido a la presunta presencia de gasolina desestabilizada recibieron posteriormente autorización para ser abiertos y tratados.
Según el informe, el 3 de marzo de 2026, el Ministerio de Hidrocarburos emitió la Resolución Ministerial 041/2026, mediante la cual autorizó de manera excepcional el desprecintado de los tanques que requerían un proceso de estabilización antes de que el combustible pudiera ser comercializado.
Un día antes, el presidente Rodrigo Paz había anunciado públicamente que desde el 3 de marzo comenzaría en todo el país la incorporación de aditivos estabilizantes y antioxidantes a la gasolina. El mandatario afirmó que estos productos evitarían la degradación del combustible, ayudarían a limpiar inyectores y mejorarían el rendimiento de los motores.
YPFB informó entonces que un primer lote de 17 toneladas de aditivos, entre antioxidantes y detergentes, sería utilizado para reforzar la calidad de la gasolina durante las distintas etapas de almacenamiento y distribución.
El punto genera ahora cuestionamientos dentro de la investigación legislativa: mientras el Gobierno responsabilizó públicamente a un supuesto “sabotaje” por los problemas de calidad, los documentos analizados muestran que las propias autoridades conocían la existencia de combustible que necesitaba ser estabilizado antes de llegar al mercado.
Sin embargo, el informe disponible no establece que Rodrigo Paz haya firmado personalmente una orden para comprar gasolina fuera de especificación. Las responsabilidades concretas sobre contratos, adendas, controles técnicos y autorizaciones deberán ser determinadas por el Ministerio Público y las instancias de fiscalización correspondientes.
La mirada de AS Contenidos
El país necesita una explicación completa. Si existían tanques observados, si fue necesario autorizar su estabilización y si el Gobierno decidió incorporar aditivos para corregir el combustible, corresponde establecer qué conocían las autoridades, desde cuándo lo sabían y por qué la gasolina llegó a generar daños antes de que se aplicaran esas medidas.
La investigación tampoco debe convertirse en una disputa partidaria entre las gestiones de Arce y Paz. Los documentos deben determinar quién firmó los contratos, quién aprobó las adendas, quién autorizó la liberación de los tanques y quién certificó finalmente que ese combustible podía ser vendido a los bolivianos.
