By El primer informe de la intervención a YPFB identificó más de 70 casos que podrían derivar en procesos penales, además de al menos seis modalidades de irregularidades dentro de la distribución y comercialización de combustibles.
Entre los hallazgos aparecen más de 30 despachos realizados antes de emitir la factura, pese a que el procedimiento establece que primero debe existir pago y facturación.
También se detectaron clientes directos que recibieron cupos superiores al 199% de los límites permitidos.
En otros 40 casos, combustible que debía ser retirado durante varios días terminó concentrándose en una sola jornada, lo que para los investigadores evidencia decisiones discrecionales en la programación.
La intervención también revisa usuarios externos con acceso a sistemas internos y otros mecanismos utilizados para gestionar despachos.
El Gobierno anunció que los casos con indicios suficientes serán remitidos al Ministerio Público.
La mirada de AS Contenidos
La crisis de combustible ya no puede explicarse solamente por falta de dólares o problemas de importación. Si se confirma que existieron sobrecupos, despachos discrecionales y controles vulnerados, Bolivia también enfrentó un problema de administración y posible corrupción dentro de su principal empresa estatal.
