By El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre nuevas restricciones de visado contra ciudadanos bolivianos, en una medida vinculada con señalamientos sobre presunta corrupción y narcotráfico.
El Departamento de Estado difundió una lista de 15 personas, entre ellas legisladores, autoridades judiciales, fiscales y exfuncionarios de instituciones públicas.
La información difundida por Washington señala que las restricciones también alcanzan a familiares inmediatos, por lo que el número total de personas afectadas asciende a 40.
Entre los nombres publicados figuran los diputados Rafael Darío López Mercado y Rolando Santos Pacheco Chávez, el exfiscal general Juan Lanchipa, el exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras Diego Barboza y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada.
La decisión provocó reacciones inmediatas en el ámbito político y judicial.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, solicitó que las autoridades judiciales mencionadas abandonen sus cargos y se sometan a las investigaciones que correspondan.
Horas después, Aldo Quezada presentó su renuncia irrevocable a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y a su cargo como vocal de la Sala Constitucional Segunda.
También surgieron pedidos para apartar de sus funciones legislativas a los diputados incluidos en la nómina estadounidense.
El Gobierno boliviano informó que solicitará información complementaria a Estados Unidos y aseguró que las investigaciones nacionales continuarán conforme a sus propios procedimientos.
Es importante aclarar que una restricción migratoria impuesta por otro país no constituye automáticamente una sentencia penal ni demuestra responsabilidad criminal en Bolivia.
La mirada de AS CONTENIDOS
La nueva lista estadounidense vuelve a colocar bajo cuestionamiento la credibilidad de instituciones fundamentales del Estado boliviano.
El problema no se limita a la pérdida de visas. Lo preocupante es que aparezcan autoridades vinculadas con la administración de justicia, la seguridad y la representación política.
Sin embargo, Bolivia no puede reemplazar sus propios mecanismos judiciales por decisiones de un gobierno extranjero. Corresponde exigir información, investigar con independencia y establecer responsabilidades mediante pruebas.
La ciudadanía necesita saber si las instituciones bolivianas cuentan con la capacidad y la voluntad necesarias para investigar a quienes ejercen poder dentro del propio Estado.
Consigna: ¿Considerás que las autoridades incluidas en la lista estadounidense deberían renunciar mientras se esclarecen los señalamientos?
