By Detrás de la renuncia de Saucedo hay un conflicto de fondo: la Justicia se declaró en emergencia y le dio 20 días de plazo al Gobierno y a la Asamblea.
La renuncia de Saucedo no se explica solo por el calendario electoral. Una reunión nacional de magistrados, jueces y vocales realizada en Sucre derivó en que el Órgano Judicial se declarara en emergencia y otorgara un plazo de 20 días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para responder a sus principales demandas. Saucedo informó que la Justicia recibe apenas el 0,35% del Presupuesto General del Estado, una asignación que —según explicó— limita el trabajo de los tribunales, profundiza la retardación de justicia y obliga a los jueces a trabajar con equipos obsoletos y con materiales que compran de su propio bolsillo. El magistrado llegó a calificar de “mentiroso” al Gobierno nacional. “Me voy satisfecho, me voy tranquilo. Creo que los objetivos que teníamos trazados los hemos avanzado en varios puntos, pero por sobre todo, hemos recuperado la independencia de un órgano que siempre fue manipulado por el poder político”, sostuvo.
La mirada de AS Contenidos: El 0,35% del presupuesto nacional para todo el sistema judicial de un país es un número que explica, mejor que cualquier discurso, por qué en Bolivia un juicio puede tardar una década. Los bolivianos se quejan de la justicia todos los días —y con razón—, pero rara vez se discute que ese sistema funciona con menos de un centavo de cada tres bolivianos del presupuesto. Reclamar independencia judicial sin financiarla es pedir un imposible.
