By Estados Unidos restringió visados a cuarenta bolivianos, entre ellos el diputado Rafael López, de Libre, y el exfiscal general Juan Lanchipa. “El narcotráfico y la corrupción son cánceres que carcomen Bolivia”, escribieron en una carta conjunta.
El Gobierno de Donald Trump anunció el jueves que restringe la concesión de visados a cuarenta ciudadanos bolivianos. Entre ellos figuran el diputado Rafael Darío López Mercado, el exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024) y Freddy Pereira, antiguo encargado de la lucha antidrogas del país.
La reacción más fuerte vino desde adentro. El expresidente y líder de la alianza opositora Libre, Jorge “Tuto” Quiroga, junto al gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco —su compañero de fórmula en las elecciones de 2025—, enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, exigiendo que se separe del Legislativo al diputado López, que pertenece a su propia agrupación política.
“Por la información que se ha conocido hoy del Gobierno norteamericano que confirma versiones y declaraciones que circulaban, escribimos para exigir que se separe de la Cámara de Diputados al diputado Rafael Darío López Mercado”, señalaron. En el documento sostuvieron que “el narcotráfico y la corrupción son cánceres que carcomen” Bolivia y “socavan las instituciones”, y reclamaron medidas “drásticas, terminantes” y acciones rápidas.
El diputado respondió: “Defenderé mi honor, mi trayectoria y mi presunción de inocencia, sin renunciar a mi compromiso con Santa Cruz y con Bolivia”. La medida se suma a la adoptada el 28 de septiembre contra otros altos cargos, incluido el entonces fiscal general Róger Mariaca, detenido dos días después y hoy encarcelado.
La mirada de AS Contenidos: Que Tuto y Velasco pidan apartar a un diputado de su propia bancada es políticamente costoso y por eso mismo significativo: se podrían haber escudado en la presunción de inocencia y no lo hicieron. Dicho eso, hay un principio que conviene no perder de vista: una restricción de visado es una decisión administrativa de un gobierno extranjero, no una condena. López tiene derecho a defenderse y la Asamblea tiene que resolver con procedimiento, no por presión de Washington. Lo que sí es innegable es el precedente: cuando Estados Unidos señaló a Mariaca, el país descubrió en días que la acusación tenía sustento.
