By La propuesta apuesta por la “buena fe del Estado” frente al inversionista y por limitar la discrecionalidad política en nacionalizaciones y expropiaciones.
Espinoza explicó que el Ejecutivo revisó el marco constitucional y concluyó que la Carta Magna ya permite ofrecer seguridad jurídica, igualdad ante la ley, previsibilidad y estabilidad, sin necesidad de reformarla. A ese enfoque sumó un principio que considera central: la buena fe del Estado frente al inversionista, en lugar de una relación construida desde la desconfianza. La propuesta contempla contratos especiales que podrían otorgar estabilidad tributaria, normativa y previsibilidad jurídica, sometidos a revisión de la Contraloría y otras instituciones. “Desde hace casi 20 años se han venido violentando los derechos de propiedad y los derechos que están preservados en la Constitución, sin asumir prácticamente ningún costo”, sostuvo el ministro, al señalar que la falta de inversión se traduce directamente en falta de empleo de calidad. El proyecto también habilita el arbitraje en los casos permitidos.
La mirada de AS Contenidos: El punto más fino de todo el proyecto es este: el Gobierno dice que no hace falta cambiar la Constitución, solo aplicarla bien. Es una jugada políticamente inteligente, porque evita el debate constituyente que paralizaría todo. Pero también deja la puerta abierta a la crítica más previsible: si la Constitución siempre permitió esta seguridad jurídica y aun así hubo dos décadas de nacionalizaciones, lo que faltó no era una ley, era voluntad. Y las leyes se cambian más fácil que la voluntad política.
